Asociación de la Prensa Uruguaya

Relevan a trabajadores de medios de prensa clausurados no amparados por derechos previsionales y jubilatorios adecuados

El Consejo Directivo de la Asociación de la Prensa Uruguaya, en sesión del 24 de abril 2009, resolvió sumar su reclamo a una pronta sanción de una Ley de Reparación Integral para las víctimas de violaciones graves de los Derechos Humanos, según proyecto presentado hace más de un año por el Dr. Oscar López Goldaracena y la organización Crysol, que alcanza a trabajadores de diarios clausurados además del universo de víctimas del terrorismo de Estado.

Centenares de trabajadores de los medios de comunicación en todo el país -algunos en actividad, otros retirados, además de una larga lista de luchadores que ya no nos acompañan – han sufrido directa o indirectamente (incluyendo a familiares) situaciones del terrorismo de Estado bajo la dictadura, así como pérdida de fuentes laborales, cuyos efectos persisten, disminuyen o impiden derechos previsionales y pensionarios a quienes viven ( quizá una cuarta parte del total de damnificados).

Se procesa una primer convocatoria y relevamiento por una comisión que se acaba de constituir entre participantes del programa Memorias 65 Aniversario APU. La integran Víctor Bachetta, Ricardo Bica, Adhemar Acerenza y Anselmo Pallares, junto a los gráficos Emilio Mataittis, Luis Colman y Líber Clavi , además de la Secretaría DD.HH. de la APU.

El proyecto de Reparación Integral contempla en su Artículo 15.4, inc. C, la Reparación en Seguridad Social y modificaciones a la Ley 18.033, para quienes haya visto “clausurada su fuente de trabajo”.

Es consustancial a nuestra conciencia gremial y profesional la brega por el DD.HH. de informar y ser informados (hilo conductor en los trabajos de Memorias 65 Aniversario APU). Los efectos de censuras, clausuras parciales o definitivas, ya directas o inducidas durante 17 años, anularon más de una treintena de fuentes laborales periodísticas en todo el país, desde que en 1967 avanzó el autoritarismo cívico-policial que culminó en la dictadura cívico-militar.

Secretaría DD.HH. con Consejo Directivo APU

Antecedentes

Nuestro gremio registra dos desaparecidos (Julio Castro subdirector de Marcha y Juan Manuel Brieba gráfico de El Popular), mientras que una ex presidente APU (Elsa Altuna) fue objeto de un secuestro, torturas y prisión al igual que varios ex dirigentes y militantes, algunos de los cuales fallecidos en centros de detención ( como Edmundo Rovira Sauro y Norma Cedrés de Ibarburo). El listado de todas las víctimas es uno de los objetivos del programa Memorias 65 Aniversario APU, cuyo lanzamiento publico se realizará el próximo 14 de mayo a las 18 horas en nuestra sede gremial.

El proyecto de Crysol y del Dr. Oscar López Goldaracena es un referente y el estándar en base al cual se puede juzgar la propuesta del Poder Ejecutivo que el Parlamento consideraría en breve.

El proyecto, por cuya sanción suma su apoyo APU, incorporó las recomendaciones de la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas, que consagra los derechos específicos de los ciudadanos víctimas de violaciones manifiestas a los derechos humanos y del derecho humanitario internacional.

Se nuclean en cinco principios básicos teles recomendaciones de ONU: restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición.. Se los conceptúa como derechos inalienables de las víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos internacionales. Se plasman en el articulado del proyecto que se presentó en abril 2008 ante la Comisión DD.HH. de la Cámara de Representantes.

Se incluye y ampara así al universo de víctimas de violaciones perpetradas por el Estado, sus instituciones, funcionarios y agentes dentro y fuera de las fronteras nacionales: detenidos desaparecidos, asesinados, ex presos políticos, niños nacidos en cautiverio, niños a los cuales se les sustrajo su identidad, niños y adolescentes familiares directos de las víctimas de graves violaciones, exiliados, clandestinos y despedidos arbitrariamente. Todo el universo de las víctimas que el Estado tiene la obligación jurídica, política y ética de reparar. Y de acuerdo a lo más avanzado en el derecho internacional, con una atención particular a las victimas del sexo femenino.

Aborda, por otra parte, todos los aspectos que según la ONU deben ser tenidos en cuenta en una norma de estas características para reparar y dignificar a las víctimas y al conjunto de la sociedad: disculpas oficiales en un acto público, formal y solemne; asunción de las responsabilidades inherentes; establecimiento de la verdad de lo sucedido; derecho a la justicia y a la investigación de los crímenes; establecer un Día Nacional de la Memoria ( 11 de abril como fecha nacional de homenaje a todas las victimas); derecho a la salud integral; transformación del Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen) y del ex Penal de Punta de Rieles en patrimonio nacional de los DDHH y de la Memoria; indemnización pecuniaria adecuada y proporcional a la gravedad del delito sufrido; entre otros.