Organizaciones sociales saludan aprobación de modificaciones a la Ley de Prensa y el Código Penal
La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y el Grupo Medios y Sociedad (GMS), saluda a través de este comunicado conjunto la aprobación de la ley modificativa del Código Penal y la Ley de Prensa, que armonizan la legislación nacional en materia de libertad de expresión con las obligaciones asumidas por el Estado en el sistema interamericano de Derechos Humanos.
La Cámara de Diputados del Parlamento uruguayo sanciono el miércoles 10 una extensa reforma a la ley de prensa y el Código Penal que introduce los criterios de la Corte y la Comisión Interamericana en la interpretación de los conflictos penales y civiles relativos a la libertad de expresión y otros derechos fundamentales.
Con ello se completa la aprobación en ambas cámaras legislativas y solo resta la promulgación del Poder Ejecutivo que seguramente se hará efectiva en los próximos días.
La ley despenaliza la divulgación de información y opinión sobre funcionarios públicos y asuntos de interés público y deroga el desacato por ofensas, vilipendio de símbolos patrios y atentado contra el honor de un Jefe de Estado Extranjero. Se introduce el concepto de real malicia y se modera el derecho de respuesta.
La reforma partió del proyecto elaborado por una comisión de representantes de organizaciones de la sociedad civil, aunque algunas fórmulas pasaron por el cernidor de la negociación con el Poder Ejecutivo.
Con esta reforma el Uruguay ha aprobado en los últimos tres años la Ley de Radiodifusión Comunitaria, la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley Nacional de Archivos, la Ley de Datos Personales y la Despenalización de los Delitos de Comunicación. Cerrando el ciclo de reformas legales más trascendente en materia de libertades civiles.
Las organizaciones firmantes han promovido e incidido en esta agenda cooperando con el Estado, pero también denunciando los abusos que en esta materia se han cometido. Prueba de ello es la denuncia presentada por APU y IELSUR en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la condena a tres meses de prisión del periodista Carlos Dogliani, por el delito de difamación. Fue este caso y la disposición del Estado a negociar una solución amistosa, la que abrió paso a la reforma que hoy celebramos. Por ello, en este momento, no queremos dejar de recordar que la negociación para la víctima aún no ha sido cerrada.
La sociedad civil tiene en puerta otras dos reformas claves para asegurar las garantías en materia de libertad de expresión: anteproyecto de ley de Asignación de Publicidad Oficial, que será presentado ante el Parlamento en el mes de julio.
En segundo lugar, las organizaciones firmantes continúan reclamando una revisión a fondo del marco legal de la Radiodifusión y de los nuevos medios digitales, pero probablemente su discusión sea diferida para la próxima legislatura (2010 - 2015)
Fuente: publicado por el Grupo Medios y Sociedad (GMS)
