Asociación de la Prensa Uruguaya

Trabajadores gráficos y periodistas pertenecientes a los diarios clausurados durante el gobierno de Pacheco Areco reclamaron ante el Parlamento por sus derechos laborales y jubilatorios suspendidos por decreto durante la dictadura militar.

Una delegación de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y el Sindicato de Artes Gráficas (SAG)  fue recibida esta semana por la Comisión de Constitución y Legislación del Senado para exponer la situación de no reconocimieto de derechos adquiridos por trabajadores de diarios clausurados en el período 1968-1973.

En esa Comisión del Senado se encuentra en discusión el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que busca reparar los daños y perjuicios ocasionados por el régimen de facto. La delegación sindical estuvo integrada por Rúben Hernández, Secretario General de APU, Emilio Mataitis, en representación del SAG, Rodolfo Porley, por la Secretaría de Derechos Humanos de APU, Ricardo Bica y Víctor Bacchetta, por la APU.

Se trata de derechos que fueron reconocidos por las leyes reparatorias 13.867, 14.080 y complementarias aprobadas por el Parlamento en el marco de la Bolsa de Trabajo de los personales de los diarios Extra, De Frente, Ya, La Idea, El Eco y Última Hora, que fueron interrumpidos arbitrariamente desde el año 1976 hasta el presente.

Los beneficiarios de la Bolsa de Trabajo recibían hasta el 70% del salario en actividad, con la convicción de que a ese personal había que readaptarlo y reubicarlo. Mientras tanto, aportaban a la seguridad social, por lo que se los consideraba como trabajadores activos. La ley prescribía sólo con el reintegro a la actividad plena.

Para tener mayores oportunidades, ya que no se abrían nuevas publicaciones, un grupo de integrantes de la Bolsa fue seleccionado para recibir capacitación como Inspectores de Trabajo. Se efectuaron cursos con docentes provistos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que fueron completados satisfactoriamente. Se dijo que ocuparían las vacantes que fueran surgiendo, pero nunca se llevó a la práctica.

Al día de hoy subsiste un grupo de esos trabajadores que no consiguieron salir de esa situación y, lo que es más grave aún, no se le han reconocido ante el Banco de Previsión Social los años de pertenencia a la Bolsa de Trabajo, ni los cursos de Inspectores realizados. En el Ministerio de Trabajo dicen no encontrar los registros de estos hechos, pero algunos damnificados conservan recibos y documentos.

El proyecto de Ley de Reparación Integral presentado por Crysol contempla en su Artículo 15.4, inc. C la Reparación en Seguridad Social y modificaciones a la Ley 18.033 para “quienes hayan visto clausurada su fuente de trabajo”. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo asume la responsabilidad del Estado por “prácticas ilegítimas” en el período 1968-73 y por el “quebrantamiento del Estado de derecho” entre 1973 y 1985.

Desde la Asociación de la Prensa y el Sindicato de Artes Gráficas se busca que, ya sea en el marco de la ley reparatoria que empieza a debatir la Comisión del Senado o de una ley expresa aparte, se reconozca la situación de “quienes quedaron desocupados al ser clausuradas las Bolsas de Trabajo que los amparaban; las leyes 13.867, 14.080 y complementarias”.
Ver antecedentes en esta sección:
http://www.apu.org.uy/secretarias/derechos-humanos/apoyo-a-proyecto-de-reparacion-integral